Hace un mes, las autoridades venezolanas cortaron la energía a mineros cripto legales que operaban en Carabobo. Una circular les impide hacer procedimientos así sin la presencia de la Sunacrip.
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En el mes de agosto, los mineros cripto de Venezuela reclamaron lo que consideraron una medida injusta, desproporcionada y sin explicación. El caso fue que en el estado Carabobo, donde trabaja una importante comunidad de minería de criptomonedas, las autoridades regionales suspendieron el suministro eléctrico de todos los mineros registrados, cerrando efectivamente sus operaciones en el sector industrial.
Varios medios nacionales e internacionales reportaron en ese momento la noticia, indicando que no había explicaciones para el procedimiento, dado que los mineros estaban registrados ante la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, Sunacrip, por lo tanto eran legales.
Casi dos semanas después, las autoridades venezolanas volvieron a reconectar a los mineros afectados. Según la información del momento, Sunacrip medió entre las autoridades regionales de servicios públicos y los mineros afectados, y logró ejercer presión para que se conectasen de nuevo.
Ahora, y probablemente a raíz de esta situación, que llevó a grandes pérdidas a los mineros que estaban operando legalmente, acaba de hacerse pública una circular emanada del general en jefe del Comando Estratégico Nacional de Venezuela.
La circular
Indica que según lo establecido por el decreto constituyente sobre el sistema integral de criptoactivos (de enero de 2019), los organismos de seguridad ciudadana deben coordinar con representantes de la Sunacrip antes de realizar procedimientos o inspecciones a la minería. Deja claro que “el funcionario que obstaculice o detenga sin causa alguna justificada por la Sunacrip la materialización de operaciones relacionadas con criptoactivos será sancionado con prisión de tres a cinco años”. Eso deja claro que militares y policías no pueden actuar solos, sin un funcionario de la superintendencia experta en cripto.
Vale señalar que la circular fue filtrada en Twitter por la abogada Ana Ojeda, directora de la firma de abogados especializados en cripto y Blockchain, LegalRocks.
Circular N•002697 emanada del @jemceofanb2do en la que se establece la obligatoriedad de que funcionarios de la @sunacrip_ve estén presentes en las inspecciones a mineros digitales en Venezuela. pic.twitter.com/fMYnT2Wcjx
— Ana Ojeda-Caracas???? (@criptolawyer) September 13, 2021
Ni en las redes sociales del comando, ni en las de Sunacrip aparecen registros recientes de esta circular, tampoco en sus páginas web. La circular tiene solo una fecha, escrita a mano abajo, que dice septiembre 2021.
Sin embargo, DiarioBitcoin verificó en el decreto constituyente sobre el sistema integral de criptoactivos y, en efecto, el artículo mencionado dice:
Artículo 49. El funcionario público o funcionaria pública, que obstaculice o detenga sin causa justificada por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), la materialización de operaciones relacionadas con criptocriptoactivos, será sancionado con prisión de tres (03) a cinco (05) años.
Antecedentes
Hay que recordar que, además del corte del suministro a los mineros de Carabobo, hay varios procedimientos que han llevado a cabo las autoridades contra la minería, entre ellos el decomiso de equipos. En muchos de estos casos, no había ningún respaldo de que los dueños de los equipos estuviesen registrados por la Sunacrip, por lo tanto se trataría de operaciones ilegales. Vale recordar que hace un año el gobierno legalizó la minería cripto, pero solo de aquellos que se registren en un pool gubernamental. Esta centralización, para algunos mineros venezolanos ha causado desconfianza, por lo que prefieren trabajar al margen de la ley.
Fuentes: Twitter, archivo
Reporte de DiarioBitcoin
Imagen de Unsplash (imagen referencial, no es ningún cuerpo de seguridad venezolano)
Fuente: DiarioBitcoin
