El 17 de septiembre, un grupo de funcionarios encabezados por el fiscal estadounidense Tracy Wilkinson han presentado una demanda civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California afirmando que han identificado cuatro billeteras digitales que contienen más de 9.8 millones de Tether (USDT) y que estaban implicadas en fraude electrónico, fraude informático y lavado de dinero. Según los documentos judiciales, el propietario legítimo de los fondos es un residente de California que en abril de 2021 fue estafado por más de 200 bitcoins (BTC) por alguien que se hizo pasar por un empleado de Coinbase.
Un servicio de atención al cliente fraudulento
Como se describe en la denuncia, la víctima no identificada fue contactada por lo que parecía ser el servicio de atención al cliente de Coinbase poco después de comprar unos 200 BTC en su cuenta de la versión Pro del exchange.
El supuesto representante de la plataforma alegó que la cuenta de la víctima había sido congelada debido al tamaño de la compra y que era necesario aumentar el límite de la cuenta para que los fondos se hicieran efectivos. El estafador también sugirió a la víctima que actualizara su cuenta a Coinbase Prime.
Una vez que la víctima concedió al falso representante de atención al cliente acceso a su cuenta a través de una herramienta remota de escritorio, el estafador inició una transacción en la que se transfirieron aproximadamente 206 bitcoins a lo que supuestamente era la nueva billetera Prime de la víctima.
Junto con varias transacciones más pequeñas que se ejecutaron horas después, el valor de los activos digitales robados de la cuenta Coinbase de la víctima superó los USD 11.5 millones.
Rastreando el dinero
La denuncia continúa detallando cómo los activos digitales transferidos desde la cuenta comprometida fueron “divididos y movidos a través de diversas transacciones más pequeñas” antes de ser concentrados en las cuatro carteras sospechosas.
En este punto, el gobierno pide al tribunal que le permita embargar los bienes durante el tiempo que dure el procedimiento de confiscación civil.
Daniel Davis, socio del bufete de abogados Katten Muchin Rosenman LLP, explicó a Cointelegraph que el gobierno federal tendrá que demostrar que los fondos están sujetos a confiscación. Si el demandante prevalece, los fondos serán confiscados por los Estados Unidos antes de que puedan ser devueltos al propietario legítimo. Davis comentó además:
“Esta acción forma parte de una tendencia creciente en la que el gobierno federal intenta utilizar su autoridad de confiscación civil para obtener la custodia de activos digitales. […] Cabe esperar que, a medida que crezca el interés y el comercio de activos digitales, aumenten las acciones de confiscación civil como esta si el gobierno identifica activos que cree estuvieron implicados en alguna actividad ilegal”.
David Silver, del bufete de abogados Silver Miller, que está involucrado en la acción colectiva de Cryptsy que Cointelegraph cubrió a principios de esta semana, cree que el Departamento de Justicia de Estados Unidos utilizando una acción de confiscación en un caso civil debería ser una noticia emocionante para todos en el espacio cripto que quiere ver a las activos digitales alcanzar la adopción masiva. Silver señaló:
“El robo de activos digitales es uno de los mayores problemas del sector, y la recuperación de criptomonedas robadas es una solución muy necesaria. Esperaría ver más acciones como esta tanto por parte de las fuerzas del orden como de los litigantes civiles”.
Como informó Cointelegraph a mediados de julio, el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, o USMS por sus siglas en inglés, recurrió a la plataforma de activos digitales Anchorage Digital para la custodia y el manejo de activos digitales sujetos a confiscación civil. Algunas estimaciones sugerían que entre 2014 y julio de 2021 el USMS había incautado más de 185,000 bitcoins vinculados a delitos federales.
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Fuente: Cointelegraph
